Después de tener un matrimonio muy complicado en el que prácticamente dependía de mi marido, me he divorciado en busca de mi libertad. Gracias a al bufete Trámites Fáciles Santander y a sus profesionales, el acuerdo de divorcio ha sido bueno para mí y tendré un dinero que me dará una prórroga de tiempo para estudiar y sacarme una oposición con la que mantenerme. Decidir qué estudiar me costó, pero me ayudó a hacer un buen análisis de todas las oposiciones posibles a las que nos podremos presentar en este 2017 y que quiero compartir con vosotros.
- Controlador aéreo. Por la relación sueldo y horas de trabajo (sin pensar en el estrés que supone), esta en mi oposición favorita. Los controladores son los responsables del tránsito aéreo y garantizan que este se desarrolle con la máxima seguridad, con orden y fluidez. Están trabajando en las torres de control, en control de aproximación, en centros de control de área terminal, en centros de control de ruta, y en organismos aeronáuticos internacionales. Para poder optar a este tipo de oposiciones hay que tener, preferentemente, entre 21 y 28 años, aunque esta edad no es excluyente. Asimismo, hay que ser español o de cualquier otra nacionalidad siempre y cuando los posibles aspirantes que no pertenezcan a países miembros de la Unión Europea se encuentren en posesión de la documentación correspondiente, con arreglo a la normativa vigente aplicable. En cuanto a estudios, se precisa estar en posesión del título de Bachiller o de formación que permita el acceso a la universidad o equivalente. Y los estudios deben corresponder a titulaciones oficialmente reconocidas o bien a títulos extranjeros homologados. En cuanto a idiomas, es preciso un nivel de inglés alto, nivel C1 o equivalente, lo que supone un conocimiento fluido del idioma (tanto a nivel oral como escrito), sin que en la expresión oral se observe dificultad que pueda afectar negativamente a las radiocomunicaciones.
- Agente de Hacienda Pública. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria necesita personal cualificado en todos sus niveles de tareas. Por ello convoca plazas con cualificación de especialización, independientemente de la que aporta lo exigido a los Cuerpos Generales. Entre las funciones a desarrollar por los funcionarios de este cuerpo destacan el desarrollo de tareas preparatorias y de verificación material de hechos y circunstancias con relevancia tributaria, dependiendo del inspector jefe o de un inspector adjunto al mismo. Para acceder a estos puedes es indispensable tener el título de BUP, Bachiller Superior, Bachillerato-LOGSE, Formación Profesional de segundo grado o equivalente, o tener aprobadas las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Dada la falta de plazas que la Administración oferta para alumnos de BUP y Bachiller, esta oposición se convierte en la mejor alternativa para alumnos con esa titulación.
Una oposición accesible a más personas
Dados los requisitos, las oposiciones para auxiliar de justicia son muy recomendables. Se trata de una oposición nacional convocada por el Ministerio de Justicia. Las atribuciones de este cuerpo consisten en la práctica de actos de comunicación (notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos), embargos y lanzamientos, y velar por las condiciones de utilización de las salas de vistas y mantener el orden en las mismas, entre otras. El centro de destino son los juzgados y tribunales, fundamentalmente. La titulación de acceso es graduado en ESO o equivalente, que es la educación obligatoria, por lo que es extraño encontrar a alguien que no cumpla estos requisitos, así como ser español, mayor de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación. Asimismo, se exige no haber sido condenado ni estar procesado ni inculpado por delito doloso, a menos que se hubiera obtenido la rehabilitación o hubiera recaído en la causa auto de sobreseimiento; no hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas; no haber sido separado, mediante procedimiento disciplinario, de un Cuerpo de la Administración Pública, ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, salvo que hubiera sido rehabilitado; y no padecer defecto físico o enfermedad que incapacite para el desempeño del puesto.
